Campaña
Por una Escuela Pública y Laica
Declaración unitaria septiembre
2012
El Laicismo, lejos de constituir una ideología
particular contrapuesta a otras, aparece
históricamente como uno de los principios básicos de toda democracia, vinculado
al reconocimiento de la libertad de pensamiento, a la igualdad de los
ciudadanos en derechos y deberes y, por tanto, a la no discriminación por razón
de sus ideas. Su contenido no es otro que el establecimiento
de las condiciones jurídicas, políticas y sociales idóneas para el respeto y desarrollo
pleno de la libertad de conciencia, uno de los pilares fundamentales de los
Derechos Humanos. Implica la
separación efectiva entre el Estado -que representa a toda la ciudadanía- y las
confesiones religiosas, cuyos principios y creencias sólo conciernen al grupo
de personas que las comparten.
A fin de salvaguardar el espacio de lo público y común de toda connotación sectaria, defiende la neutralidad ideológica de las instituciones públicas -que son de todos- con respecto a cualquier intento de imposición o apropiación por parte de intereses o ideologías de carácter particular.
A fin de salvaguardar el espacio de lo público y común de toda connotación sectaria, defiende la neutralidad ideológica de las instituciones públicas -que son de todos- con respecto a cualquier intento de imposición o apropiación por parte de intereses o ideologías de carácter particular.
La Escuela es, justamente, una de esas instituciones públicas donde es
preciso observar de forma más escrupulosa el principio de laicidad o
neutralidad por tener como función la satisfacción de un derecho universal,
como es la educación, que atañe al conjunto de los ciudadanos sin excepción. Como
establecen diversas declaraciones y pactos internacionales, e incluso nuestra
propia legislación sobre la materia, los objetivos básicos de la educación
persiguen el libre y pleno desarrollo de la personalidad humana, así como el
fortalecimiento del respeto a los Derechos Humanos y a las libertades
fundamentales. Y ello no es posible si la Escuela Pública no se asienta sobre
la libre formación de la conciencia y el fomento de la actitud crítica. Estos objetivos
resultan por completo inalcanzables mientras los Poderes Públicos sigan
sometiéndose a los dictados de los Acuerdos con la Santa Sede y de una obsoleta
Ley Orgánica de Libertad Religiosa, que vulneran principios democráticos
elementales. Frente a la invocación de cualquier otro interés particular, incluso
de los propios padres, la Declaración de los Derechos del Niño de 1959 afirma
que siempre ha de prevalecer “el interés
superior del niño”, explicitando en la posterior Convención de 1989 que los
Estados “respetarán el derecho del niño a
la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión”, obviamente conculcado cuando, sin tener
desarrollada su autonomía, se ve sometido a un adoctrinamiento religioso o de
cualquier otra naturaleza.
De acuerdo con los fines que le son propios, la Escuela ha de educar sin dogmas, en
conocimientos científicos y universales, en valores humanistas y cívicos, en el
respeto a los derechos humanos, en la asunción de la diferencia y de la
diversidad, sobre la base de la igualdad en dignidad y derechos, en los principios
éticos y democráticos que son comunes.
Los centros
escolares no deben ser, en ningún
momento, un lugar de exclusión y discriminación. Niños y niñas no deben ser separados
en función de las creencias o convicciones de sus familias. En consecuencia, la
religión, en sus formas confesionales, debe salir del currículo y del ámbito
escolar, con el fin de respetar los derechos de toda la comunidad educativa y
para que no se interrumpa el normal funcionamiento de la organización de los centros
educativos.
Una apuesta decidida por la Escuela Pública, Gratuita, Democrática y Laica, por parte de la
sociedad y de los poderes públicos, es una garantía para avanzar hacia un
modelo educativo integral, compensador de desigualdades y que eduque para la
convivencia,
dentro de un proyecto común de ciudadanía, inclusivo y no segregador.
Estos
principios, que formaron parte sustantiva de la lucha por la democracia en
nuestro país, nunca se han plasmado por entero ni en las leyes educativas ni en
el funcionamiento de los centros escolares, debido a la pesada herencia
confesional que ningún gobierno ha querido revertir. El mantenimiento de
situaciones contrarias a una sociedad cada vez más secularizada y consciente de
sus derechos democráticos, se ve agravado hoy día con una política dirigida a
dar mayores satisfacciones a los sectores clericales, empeñados en preservar e
incluso aumentar los privilegios de la Iglesia, incluida su ancestral
injerencia en las instituciones públicas, que pretende seguir utilizando como
espacio abierto al proselitismo y al adoctrinamiento.
En
momentos como los que vivimos, cuando se ponen en cuestión conquistas
democráticas y sociales hace tiempo asentadas en la conciencia ciudadana, es aún
más necesario, si cabe, hacer frente a las medidas de intimidación, acoso
ideológico y descarada involución que no
dejan de prodigarse. En el terreno de la enseñanza, los profundos ataques a la
Escuela Pública y a los recursos imprescindibles para mantener su calidad, vienen
acompañados de una regresión en todas las condiciones que deben prefigurar
cualquier proyecto educativo democrático. La nueva orientación que se quiere
dar a “Educación para la Ciudadanía” es sólo un ejemplo del sesgo reaccionario
que puede extenderse al conjunto de la enseñanza.
Hacer
dejación de nuestro compromiso democrático contribuiría a dejar vía libre a nuevas
y mayores agresiones. Por eso, es preciso armarse de razones y no ceder en la
defensa de los principios que nos constituyen como ciudadanos en igualdad de
derechos.
Flaco
servicio hacen a esa aspiración a la igualdad en el terreno de la educación
quienes tratan de mezclar la defensa de la enseñanza pública con la financiada
con fondos públicos (la privada concertada, confesional y discriminadora, orientada
al adoctrinamiento dogmático) o aducen razones laborales para mantener a los
catequistas designados por los obispos para impartir religión en los centros
públicos y las subvenciones a los centros concertados.
Una sociedad secularizada y democrática no debe permitir
la regresión al pasado de un Estado confesional católico y, por lo tanto, la
pervivencia de una enseñanza sometida al dogmatismo religioso. Los poderes
públicos no tienen legitimidad alguna para propiciar la implantación de unas u
otras opciones religiosas o ideológicas, por su carácter personal, en el
espacio común e institucional de la Escuela. Y menos,
seguir parapetándose en unos Acuerdos pactados con el Vaticano (la Santa
Sede), que anulan derechos fundamentales como la libertad de conciencia de las
personas, hecho más grave cuando se trata de edades tempranas.
La
reafirmación en nuestra lucha por una Escuela
Pública y Laica, que garantice el derecho universal e igual a la educación,
en el respeto estricto a los principios democráticos, nos lleva a actualizar la
campaña desarrollada a lo largo de varios cursos atrás.
En
defensa del laicismo en el marco escolar y bajo el lema
¡Religión fuera de la Escuela!
Exigimos:
- La
derogación de los Acuerdos con la Santa Sede.
- Que la
religión deje de formar parte del currículo y del horario lectivo,
saliendo de la Escuela.
- Que
ninguna simbología religiosa tenga presencia institucional en los centros
escolares.
- Que con
dinero público no se financie el adoctrinamiento religioso en ningún
centro escolar o que segregue por razón de sexo o por otra naturaleza
ideológica o social.
LLAMAMIENTO
PARA FIRMAR Y DIFUNDIR
Se ha activado una recogida
de firmas y adhesiones individuales y colectivas a través de la web: www.laicismo.org / o entrando en el enlace:
(Firmas que llegarán al Congreso de los
Diputados, al Ministerio de Educación y al Consejo Escolar del Estado y se
harán periódicamente amplia difusión de las mismas)
Organizaciones estatales y territoriales que respaldan esta Campaña
(Hasta el 26 de septiembre)
Europa Laica -
STES-intersindical – CEAPA (Confederación Española de AMPAS) Izquierda Unida – Sindicato de estudiantes - Observatorio del Laicismo y de la Laicidad
– FELGTB (Federación
estatal de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales) EHIGE (Confederación de Madres y Padres de la Escuela Pública
Vasca) - CAUM (Club Amigos
de la Unesco de Madrid) - Redes Cristianas - Iniciativa per Catalunya Verds
Izquierda
Republicana - MHUEL-Aragón - Unidad
Cívica por la República CGT Valencia - Bloc de Progrés Jaume I (L'ALCÚDIA - Valencia) - Extremadura
Entiende, (Asociación de Lesbianas y Mujeres Bisexuales y Transexuales) - CC.OO.
de Palencia - Ateus de Cataluña – AMAL (Asociación madrileña de ateos y
librepensadores) - Logia Blasco Ibáñez de Valencia - Amigos
de Robespierre (Burgos) - Fundación
María Deraismes – Asociación de
Descendientes del Exilio Español – Extremadura
Laica – Asturias Laica Andalucía Laica - Madrid Laico – Asociación Laica de
Rivas Vaciamadrid - CGT (Sindicato Oficios Varios Alcázar
de San Juan) - Cullera Laica
– Albacete Laico - Escorial Laico -
Asociación Melojo (Educación ambiental) de Puebla de la Sierra (Madrid) - Izquierda Social y Ecologista de Cantabria - Asociación
REDES (Renovar la
Educación y Defender la Enseñanza de Sevilla) - Colectivo Prometeo (Córdoba) - EQUO-Córdoba
– Instituto Obrero de Valencia – Cuenca
Laica – Movimiento de Izquierda Alternativa (Pinto – Madrid)
Las asociaciones y entidades que lo deseen se pueden ir sumando a través del
enlace
**Contacto a través de: europalaica@europalaica.com
– Teléfono: 670556011
o a través de cada una de las organizaciones
que propician la Campaña
ANEXO: Orientaciones a
la Comunidad Educativa:
Dentro del marco legal actual, la
Comunidad Educativa puede y debe implicarse en reivindicaciones orientadas a
instaurar un marco escolar verdaderamente democrático y laico:
A LOS PADRES Y MADRES:
Tienen DERECHO a que sus hijos NO ASISTAN A CLASE DE RELIGIÓN y a que
todo su tiempo lectivo sea utilizado para desarrollar el currículo general. Por
lo tanto, NADIE debe ser DISCRIMINADO en función de la voluntad que tenga una
parte del alumnado de asistir a religión.
A pesar de recientes sentencias judiciales, en aplicación estricta del
artículo 16.2 de la Constitución de 1978, NO hay obligación de contestar “SÍ” o
“NO” a la hoja que el centro presente sobre si quieren que sus hijos reciban
clase de religión. No es constitucional tener que declarar, en documento
público, sobre la ideología, la religión o las creencias- Quienes quieran,
pueden hacer llegar al centro el deseo de que su hijo o hija asista a clases de
religión, sin que haya necesidad de preguntar al conjunto de las familias.
Aunque los hubieran inscrito en la asignatura de religión, en cualquier
momento del curso pueden cambiar de opción.
AL PROFESORADO:
Su labor docente debe estar orientada a que el alumnado adquiera una amplia
cultura, conozca la historia y las aportaciones artísticas, culturales y
sociales de las religiones y de otras convicciones morales y filosóficas, pero
dentro de las áreas de las ciencias sociales, de la historia o de la filosofía.
Para ello NO es necesaria que la religión esté en la escuela. Menos aún que en
cualquier materia se introduzca un
adoctrinamiento de índole particular.
Además de la defensa del carácter laico que le es propio a la Escuela
Pública, resulta inadmisible que el currículo común se vea disminuido por las
miles de horas asignadas al adoctrinamiento religioso; que en pleno periodo de
recortes, despido de interinos y grave disminución de plantillas se otorgue un
trato de privilegio a los profesores catequistas manteniendo su plaza, como
sucede en varias Comunidades Autónomas, aun cuando no tengan horas suficientes
de su materia, permitiéndoles impartir clases de otras asignaturas.
AL ALUMNADO
Deben exigir su derecho a recibir una educación democrática, humanista y científica,
que fomente el espíritu crítico, que tenga en cuenta la diversidad y eduque en
la convivencia, que enseñe a pensar y que defienda la libertad de conciencia.
Deben oponerse a ser discriminados y separados en grupos, en función de
creencias religiosas.
Su horario lectivo no tiene por qué verse alterado ni condicionado por la
opción de algunos a recibir clases de religión. El deseo de unos, NO puede
atentar contra la libertad y los derechos de otros.
AL CONJUNTO DE LA
COMUNIDAD EDUCATIVA PUEDE TOMAR INICIATIVAS PARA:
Exigir la retirada de cualquier simbología religiosa en los centros
educativos, ya que son espacios públicos e institucionales, y no pueden verse
referenciados a lo que, en todo caso, representa creencias y convicciones
particulares.
Promover en los centros escolares un proyecto
educativo laico, que propicie los valores universales comunes a todas las
personas y defender, en todo momento,
que la escuela no es el lugar adecuado para difundir una doctrina religiosa,
sus códigos, rituales y libros sagrados.
Denunciar que las clases de religión interrumpen el funcionamiento común e
integral del horario lectivo e impide que ese tiempo se dedique a desarrollar
otro tipo de áreas y aprendizajes. Con la normativa actual, la religión ocupa una
media de 945 horas en el conjunto de las etapas Infantil y Primaria y de 45O
horas en la ESO, carga horaria superior a la de otras materias imprescindibles
para una educación integral.
No hay comentarios:
Publicar un comentario