domingo, 6 de abril de 2014
EXTREMADURA LAICA SE SUMA A EUROPA LAICA EN SU POSTURA
EXTREMADURA LAICA SE SUMA A EUROPA LAICA EN SU POSTURA
LA FÓRMULA POLÍTICA DE CONCEDER INDULTOS A SOLICITUD DE COFRADÍAS CATÓLICAS ES UN DISPARATE ANCESTRAL Y UNA GRAVE VULNERACIÓN DE LA NO CONFESIONALIDAD DEL ESTADO, QUE PROCLAMA LA CONSTITUCIÓN DE 1978.
Una año más y sin que ninguna ley obligue a ello, el Gobierno ha concedido la “prerrogativa de gracia” a presos, a solicitud de cofradías y hermandades católicas.
Es una “costumbre” ancestral y confesional que han “seguido” -cada año- todos los Gobiernos de la democracia, sin tener en cuenta la vulneración de, al menos, tres principios constitucionales.
Este año han sido 19 los indultados a petición de, por ejemplo, la hermandad de Jesús Cautivo de Oviedo, la cofradía del Cristo de la Buena Muerte de Valencia o la hermandad de nuestra señora del Rosario Doloroso de Sevilla…entre otras. Los indultos concedidos en la festividad católica de la “semana santa” favorecen a presos con delitos menores, que luego “participan” en las procesiones de las cofradías y hermandades que han solicitado la medida de gracia a su favor,vulnerando el “derecho a la libertad de conciencia”.
Estos indultos privilegian a los devotos y a las entidades de una determinada doctrina religiosa (la católica) que, con ello, gozan de unos “derechos” diferentes al resto de la ciudadanía. Principio constitucional que se vulnera: “Todos somos iguales ante la ley”.
Nuestro Observatorio de la Laicidad, con sede en Granada, recuerda cada año que estas medidas de gracia "responden” a privilegios otorgados, que vienen del siglo XVIII durante el Antiguo Régimen. Este privilegio por el que se otorga a entidades religiosas esta posibilidad, con independencia de la tramitación legal que regula el indulto, a la vez que lo consideramos un disparate político y jurídico, no respeta la neutralidad del Estado en materia religiosa: “Ninguna confesión tendrá carácter estatal”.
Declaración en el enlace de nuestra web
Un saludo. EUROPA LAICA *Telf &70556011
INFORME
A PROPÓSITO DE LA CAMPAÑA DE PUBLICIDAD DE LOS OBISPOS EN RELACIÓN
CON EL IRPF DE 2012, DECLARADO EN 2013
Un
año más nos encontramos puntualmente con la campaña
propagandística de la Iglesia católica (Ic, en adelante), en
relación con la declaración de voluntad de l@s declarantes del
IRPF, para que el Estado (tod@s l@s contribuyentes) subvencione sus
actividades de culto y clero.
1.-
Sigue causando
estupor, mezclado con vergüenza, que no se publiquen previamente en
las estadísticas oficiales de la Agencia Tributaria las escasas
cifras que sí obran en poder de la Corporación católica: es la
Administración Pública la que debería ofrecer dicha información
como corresponde, al ser la Ic católica la beneficiaria de esta
cuantiosa subvención pública: 249.051.689 euros – más de 41.000
millones de las antiguas pesetas-. ¿Por
qué esta información no es de conocimiento público? ¿A qué
obedece este privilegio?
2.-
Un año más
se pretende engañar a l@s ciudadan@s afirmando que “la
iglesia renunció a la exención del IVA”.
Es sencillamente falso. La exención del IVA, privilegio del que gozó
la Ic hasta 2007, era ilegal desde la misma entrada de España en la
Comunidad Europea, en 1986. La violación reiterada de la Directiva
europea sobre armonización fiscal en esta materia obligó al
Gobierno, tras múltiples avisos y amenazas, a eliminar este
privilegio eclesial y acomodarse a la normativa europea. Ha tenido
que ser la Comunidad Europea la que nos ayudara a acabar con este
privilegio eclesiástico.
No
obstante, la Ic se ha encargado de que tal circunstancia no supusiera
una minoración en sus ingresos, consiguiendo un aumento del 0,52%
al 0,7% del porcentaje a recibir por las X de cada declaración de
IRPF. Esto supuso que los 173 millones de euros (M€, en adelante)
que recibió por la declaración de la renta de 2006, se convirtieron
en ¡241,3 M€! por la declaración de la renta de 2007; lo cual
significó un incremento del 38% de un solo golpe (maestro).
Y
este aspecto no ha permanecido oculto. El propio acuerdo de 2006
reconoce explícitamente que la subida hasta el 0,7%, se ha propuesto
como “compensación por la pérdida de la exención del IVA a
favor de la Iglesia católica, que es exigida por el Derecho
comunitario”. Como posteriormente han demostrado los hechos, el
negocio ha sido redondo para la Ic y ruinoso para el erario público,
dado que la
exención del IVA
le suponía a la Iglesia, en dicho año, unos ingresos adicionales de
30 M€ y con el incremento del porcentaje ha ingresado 68 M€ más,
lo que significa que en
2007 compensa lo que pierde con el IVA y aumenta el “botín” en
38 M€ adicionales.
Claro
está que como la imposición por el IVA depende de las operaciones
de consumo realizadas, en período de crisis, al realizar menos
compras, el IVA que se soporta es mucho menor y, consecuentemente, el
margen para la Iglesia mucho mayor. Así, según la propia Memoria
Justificativa de Actividades del ejercicio 2011, última publicada
por la Conferencia Episcopal, el IVA que debería compensar para ese
ejercicio era sólo de 9,2 M€ (no de 30 M€, como en 2007), por lo
que el
margen a favor (botín) de la Ic fue, en 2011, de 59 M€ (casi 10
mil millones de las antiguas pesetas).
Así pues, la jerarquía católica no “renunció” a nada, como
afirma en su propaganda.
3.-
Un año
más (literalmente, como la nota del año pasado) se desliza la falsa
idea de que “el
Estado no garantiza ya ningún mínimo para el sostenimiento básico
de la Iglesia”,
porque ha dejado de existir el “complemento
presupuestario”.
Tan sólo cambia el vocero: este año es Gil Tamayo y no Martínez
Camino. Al menos, este año no se repite aquella “boutade”
(intervención pretendidamente ingeniosa destinada a impresionar,
según el DRAE) de que “si ningún contribuyente quisiera marcar la
“X”, la Iglesia no recibiría nada”. Sin embargo se mantiene la
falsedad de que la Iglesia no recibe “nada
de los Presupuestos Generales del Estado”.
En
primer lugar, toda la subvención que recibe la Ic por este concepto,
sale de los Presupuestos Generales del Estado, como no puede ser de
otra forma. Si como dice la propaganda de la Corporación católica,
el contribuyente que marca la “X” no pone ni un euro de su
bolsillo, o como afirma la nota propagandística, marcar la casilla
“no cuesta nada” ¿de dónde otro sitio puede salir que no sea de
los Presupuestos, es decir del bolsillo de tod@s l@s ciudadan@s? Los
impuestos no “pertenecen” al ciudadano, sino al Estado, para
proporcionar (supuestamente) servicios de interés general. Por
tanto, en realidad, todo es gasto presupuestario.
En
segundo lugar, es falsa la sugerencia de que podría estar
funcionando por debajo del “mínimo
para su sostenimiento básico”,
y mucho menos la fantasía demagógica de que podrían “no recibir
nada”. Los jerarcas católicos saben que el artículo II del
Acuerdo sobre Asuntos Económicos, de 1979, compromete (obliga) al
Estado “a colaborar con la Ic en la consecución de su adecuado
sostenimiento económico”. Por tanto, mientras
siga vigente dicho Acuerdo, el Estado viene obligado a mantener a los
obispos, sacerdotes, seminarios, congresos, parroquias y demás
gastos de los denominados “de culto y clero”, independientemente
de las “X” que marquen l@s contribuyentes.
El eslogan de campaña de los obispos, para hacer honor a la verdad,
debería ser: “No
importa que marques la casilla, porque el Estado (todos los
contribuyentes) nos tiene que sostener obligatoriamente”.
4.-
Una año
más, la interpretación que de las cifras realiza la Conferencia
Episcopal (CEE) oculta una terca realidad: a
pesar de todo su aparato propagandístico y mediático, en torno al
65% de l@s declarantes (el
65,13, en 2012, el 65,17, el año anterior y el 65,62 en 2007)
sigue sin señalar la casilla de la Iglesia, como viene siendo
habitual en la última década.
Y ese porcentaje pesa como una losa, independientemente de que haya
subidas más o menos coyunturales de declaraciones o de cantidades
asignadas.
Para
ocultar esta realidad, la escasa información aportada ofrece un
gráfico en el que los porcentajes de casillas marcadas a favor de la
Ic, que pasan del 34,83% al 34,87%, se presentan en sendas rectas
paralelas con una longitud muy diferente, cuando en realidad estamos
hablando de una diferencia del 4 centésimas de punto (0,04, como se
indica en el mismo gráfico). En fin, un burdo truco de manipulación
visual de la información.
5.-
De la
declaración del IRPF realizada en 2013, correspondiente a la renta
de 2012, los dos únicos datos que se ofrecen( aparte de la novedad
de los datos por Comunidades Autónomas) son, el número total de
declaraciones con “X” a favor de la Iglesia católica (7.339.102
declaraciones)
y la correspondiente cantidad asignada a su favor por este motivo
(249.051.689
euros,
más de 41mil millones de las antiguas pesetas), lo que significaría
que ha perdido 17.935 declaraciones respecto al año anterior (un
0,3% menos), aún cuando la cantidad que se le asignaría este año
es casi 2 M€ superior a la del año pasado.
No
se ofrece ninguna razón que explique esta aparente paradoja, en la
información aportada por la Conferencia Episcopal. Sin embargo, el
cuadro por Comunidades Autónomas permite alguna reflexión: a)
hay Comunidades que aportan bastante más por declaración (Madrid,
57,34 €/declaración, o Cataluña, 44,35 €/declaración), que
otras (Andalucía, 24,81 €/declaración, o Castilla y León, 25,48
€/declaración), lo que refleja unas mayores bases imponibles en
las dos primeras citadas (efecto del mayor nivel de renta de las
declaraciones con “X” en ambas Comunidades); b)
en la casi totalidad de las Comunidades se ha incrementado la base
imponible de l@s declarantes en 2012, respecto al año anterior, por
lo que la cantidad que se desvía de cada declaración, es mayor en
dicho año; c)
los mayores incrementos absolutos en los importes desviados a la Ic
se deben, fundamentalmente, a los incrementos de recaudación en
Madrid, Castilla y León, Cataluña, Galicia y Canarias, pero por
distintos motivos: en el caso de las dos primeras al efecto de
incremento de renta se suma el de más declaraciones señaladas,
mientras que las otras tres han recaudado más presentando menos
declaraciones, por lo que el efecto de incremento de la base
imponible (renta) a compensado con creces la reducción de
declaraciones marcadas.
6.-
Se
afirma en la propaganda episcopal, en un intento de demostrar cómo
está la crisis afectando “al sistema”, que la Ic “percibirá
3,6M€ menos que hace 4 años”
(que fueron 252 M€), pero oculta
que percibirá 75,3 M€ más que hace 6 años (que recibió 173,7
M€).
Por lo tanto, es
indudable que al sistema de financiación de la Iglesia católica no
le ha afectado la crisis.
De hecho, en
los últimos 6 años que contamos con información (renta de 2007,
hasta renta de 2012) la jerarquía católica ha recibido una media de
248 millones de euros anuales (41,2 mil millones de las antiguas
pesetas). Repito, cada año.
7.-
No
parece decir la verdad el episcopado, cuando afirma en su propaganda
que “las
colectas o las suscripciones continúan siendo absolutamente
indispensables”.
En primer lugar, no aportan una sola cifra de a cuánto asciende la
cantidad por estos conceptos, para el ejercicio en cuestión (2012),
por tanto deberíamos realizar un acto de fe para creerlo. En
cualquier caso, de acuerdo a la única información disponible,
facilitada por la CEE en su Memoria Justificativa de Actividades del
ejercicio 2010, las diócesis nutrieron el Fondo Común
Interdiocesano dicho año con 13,7 M€, de un total de 227,9 M€.
Es decir, tan sólo el 6% del FCI lo aportaron las colectas de los
fieles en las diócesis. Sin embargo, el restante 94% lo aportó la
asignación de los Presupuestos por la asignación del IRPF. Así
pues, las colectas no parecen ser “absolutamente indispensables”,
sino la subvención del Estado, vía casilla del IRPF.
Es importante destacar que en
la última Memoria de Actividades publicitada por la jerarquía
católica, la correspondiente al ejercicio 2011, ha desaparecido
cualquier mención a la aportación de las diócesis.
Precisamente este punto era el que nos permitía esclarecer el grave
déficit de éstas, pues en 2010 aportaron tan sólo 13,7 M€,
mientras que recibieron 195 M€. Esto significa que las diócesis no
cubren con sus aportaciones ni siquiera el 7 % de sus necesidades y,
en consecuencia, me permitía concluir: a) que las
diócesis
aportan cada vez menos al Fondo Común Interdiocesano y, por tanto,
dependen
del Estado cada vez en mayor medida,
y b) que si
no fuera por la financiación a través del Presupuesto del Estado
(de tod@s l@s ciudadan@s), las diócesis católicas no podrían
funcionar.
Así
pues, el cuadro que se presenta este año, permite deducir que se
distribuyó a las diócesis en 2011, 197,7 M€, (casi 33 mil
millones de las antiguas pesetas) del Fondo Común Interdiocesano
para 2011, pero nada nos dice acerca de cuánto aportaron las
diócesis a dicho fondo.
En
cualquier caso, lo
que se pretende ocultar en la Memoria es que,
en estos tiempos en que la lucha contra el déficit público y el
recorte del gasto público se ha convertido en el objetivo principal
de la política económica, el
Estado sigue “alimentando”, año tras año, a unas instituciones
privadas (las diócesis), que gastan quince veces más de lo que
recaudan (datos 2010) y que no realizan ningún servicio de interés
general ni, por tanto, público.
Y ello, en un Estado que se define en su Constitución, como
aconfesional.
8.-
Un año
más siembra confusión la propaganda episcopal, a propósito de la
aplicación del dinero recibido por esta vía (IRPF). En la nota
oficial de la declaración de la Renta 2013 (IRPF 2012) se mencionan
las “otras
funciones sociales: enseñanza, atención integral a los niños, los
ancianos, los discapacitados, la acogida de los inmigrantes, la ayuda
personal e inmediata a quienes la crisis económica pone en
dificultades,…”,
dando a entender que el dinero del FCI se aplica a estos menesteres
caritativos. Nada más lejos de la realidad.
Según
la última Memoria de Actividades publicada, referida en el punto
anterior (correspondiente al ejercicio 2011), las diócesis
recibieron 197,7 M€, del total de 233,6 M€ que constituía el
Fondo, esto es, un 84,6% del total. Actualmente es imposible
determinar qué porcentaje de la cantidad enviada a las diócesis se
emplea en sustentación del clero (sueldos y salarios de los curas),
en gastos generales, en actividades pastorales o en otras
actividades. Esta información dejó de suministrarla la Ic desde la
Memoria del ejercicio 2009, y de ella se deducía que el
71,5% del gasto de las diócesis se empleaba en pagar los sueldos y
salarios del clero
y otro 10,8% en gastos generales (burocracia y mantenimiento). Tan
sólo se dedicó a la actividad pastoral un exiguo 16 % de todo lo
que se envió a las diócesis.
Por tanto, en contra de lo que afirma la nota propagandística de los
obispos, las cantidades que el Fondo envía a las diócesis no se
dedican ni a actividades pastorales ni a obras sociales y benéficas,
sino a gastos más pedestres.
Debe
resultar tan acusadora esta situación para la jerarquía católica
(el hecho de que las tres cuartas partes de lo enviado a las diócesis
se vaya en sueldos del clero) que esta información la han hecho
desaparecer de las Memorias de Actividades posteriormente publicadas
(2010 y 2011), de manera que ya no se puede saber, en términos
aproximados, cuánto dedican a actividad pastoral.
9.-
Resulta
difícil explicar que la Iglesia sólo dedique a actividades
pastorales un exiguo 16% del montante que se envía a las diócesis,
tratándose de una institución cuya prioridad es dicho tipo de
actividades. La
Ic no tiene casi 80.000 sacerdotes y religios@s en España para
realizar prioritariamente lo que tan pomposamente llama “actividad
pastoral”; en realidad, para la actividad pastoral que declara
sobraría el 90 % de estos efectivos.
Si
el verdadero objetivo fueran las actividades pastorales, éstas
deberían absorber más del 50 % de los recursos de las diócesis y
el clero, sus funcionarios, no debería suponer más de un 30 % del
presupuesto total de las diócesis. ¿Entonces, cuál es el verdadero
motivo para mantener este “ejército” clerical, aparentemente
ineficiente?
La
respuesta sólo puede ser que el
objetivo de la Ic es mantener una extensa y profunda red de
sacerdotes y religios@s, cuya estructura pueda garantizar la
difusión de su particular moral e ideología y, en definitiva, la
presión y el control político y moral sobre el mayor número de
ciudadan@s posible.
Y para ello debe influir desde sus púlpitos, desde sus
universidades, desde sus periódicos, desde sus emisoras de radio y
televisión, desde sus confesionarios, con sus campañas de agitación
y propaganda. Sin olvidar su influencia “vicaria”, es decir, la
que no tiene origen en la actividad directa de los curas y
religiosos, sino que se produce a través de periodistas,
intelectuales, creadores de opinión y políticos afines, en todo
tipo de medios públicos y privados.
10.-
Un año
más, se pretende perpetuar el engaño de que “la
iglesia, para su sostenimiento, sólo recibe lo que resulta de la
asignación voluntaria de los contribuyentes y nada de los
Presupuestos Generales del Estado”.
Nada más lejos de la realidad.
La
liquidación del Impuesto señala la obligación de los ciudadanos
(también los católicos) en el sostenimiento de los gastos del
Estado (escuelas, hospitales, asistencia social, desempleo…).
Quienes marcan la X no sólo no aportan ninguna cantidad adicional a
la Iglesia, sino que gozan del privilegio de decidir a qué dedicar
el 0.7% de sus ingresos, privilegio del que no gozan los demás. De
manera que “aportan”, generosamente, con dinero que no es suyo,
sino del Estado, y por tanto, de todos los españoles, sean sus
creencias religiosas o de cualquier otra naturaleza. El efecto final
es que contribuyen a los gastos generales, de todos, sólo en un
99,3% (un 98,6% en caso de poner también la X en los fines de
interés social, que en una cantidad significativa también va
destinada a instituciones católicas). En definitiva, las personas
que ponen la X, están pagando menos impuestos y, sin embargo, los
ritos y actividades de los católicos los estamos pagando todos los
españoles, sean nuestras creencias religiosas o de cualquier otra
naturaleza.
La
misma propaganda episcopal lo reconoce en su nota: “Marcar
la casilla no cuesta nada”.
Efectivamente, el
contribuyente que marca la casilla no pone un solo euro de su
bolsillo.
Así
pues, las personas que marcan la X, no contribuyen al sostenimiento
de los gastos públicos de acuerdo a su capacidad económica, como
establece el artículo 31 de la Constitución. La actitud de estas
personas es insolidaria e injusta, pues su decisión contribuye a
financiar con fondos públicos actividades de interés particular
(religiosas), en detrimento de las necesidades de interés general
(sanidad, educación, dotaciones sociales…). Y el comportamiento
del Gobierno que lo permite es un atentado a la laicidad del Estado y
una violación de la conciencia de los ciudadanos con otras creencias
distintas a las católicas (sean o no religiosas).
11.-
De
la última Memoria de Actividades publicada por la Conferencia
Episcopal, correspondiente a 2011, ha desaparecido la información de
lo que las diócesis han recaudado y, por tanto, aportado al Fondo.
Es explicable, aunque no justificable, que haya desaparecido, porque
de la Memoria correspondiente a 2010 (último año en que se ofreció
esta información) se deduce que las
diócesis
recaudaron 13,7 M€, mientras que recibieron 195,5 M€ para su
funcionamiento, es decir, apenas
cubrieron el 7 por ciento de sus gastos, o dicho de manera más
actual tienen un déficit del 1.227 %.1
En
unos tiempos en que la lucha contra el déficit y el recorte de los
gastos públicos se ha convertido en el único objetivo de la
política económica, resulta inexplicable que el Estado siga
“alimentando”, año tras año, a unas instituciones (las
diócesis) que gastan trece veces más de lo que recaudan y que no
realizan ningún servicio de interés general ni, por tanto, público.
Y ello, en un Estado que se define en como aconfesional. Es
evidente que si
no fuera por la subvención aportada directamente por el Estado (por
tod@s l@s ciudadan@s), las diócesis católicas no podrían
funcionar.
Conviene
no olvidar, por último, que si lo que se desvía a la jerarquía
católica, para mantenimiento de culto y clero, alcanza los 249 M€
(más de 41.000 millones de las antiguas pesetas), el importe global
de lo que se apropia la Iglesia, incluyendo ayudas directas y
exenciones y bonificaciones fiscales, es superior a 11 mil millones
de euros, lo que supone más de un punto porcentual del PIB de la
economía española.
Rivas
Vaciamadrid, a 24 de febrero de 2014
M.
Enrique Ruiz del Rosal
Presidente
de la Asociación
Laica de Rivas Vaciamadrid
Miembro
de la Junta Directiva de Europa
Laica
1
Nota
aclaratoria:
la
diferencia entre lo que ingresan -13,7- y gastan -195,5- es 181,8
M€. Esta cantidad, respecto a los ingresos -13,7-, expresada en
porcentaje, es el 1.227 %.)
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