Análisis
de la Memoria Justificativa de Actividades de 2011 presentada por la
Conferencia Episcopal Española
Un año más la Conferencia
Episcopal Española (CEE, en adelante) ha dado a la publicidad (pues de
publicidad se trata, exclusivamente) su última Memoria Justificativa de Actividades correspondiente al ejercicio 2011. Y lo ha hecho, no sólo a través
de los múltiples medios de comunicación y propaganda de que es propietaria
(televisiones, radios, periódicos en papel o digitales), sino también contando
con la inestimable colaboración de los medios de comunicación de las cadenas
estatales y autonómicas públicas (radio y televisión) y de los medios
generalistas de (des)información e (in)comunicación de la caverna mediática.
Y a la vista de los datos ofrecidos en la Memoria de
2011, no puedo por menos que repetir los tres párrafos con que comencé el
informe que realicé, allá por agosto de 2010, a propósito de la Memoria correspondiente al
ejercicio 2008:
“Siendo Gonzalo Puente Ojea embajador de España ante la Santa
Sede, solicitó al Gabinete de Presidencia del Gobierno socialista, en 1986,
información sobre las partidas presupuestarias a favor de la Iglesia católica
(Ic, en adelante). Dicho Gabinete, junto con la citada información detallada
por Ministerios, adjuntó un párrafo que no tenía desperdicio: “Además de la financiación directa con cargo
a los Presupuestos del Estado, la Ic obtiene una importante financiación
indirecta mediante las exenciones de impuestos o gravámenes que debería abonar
conforme a la Legislación Fiscal en vigor. No se ha todavía calculado la cifra
a la que asciende este beneficio fiscal, si bien se procurará obtener una
estimación aproximada de la misma.”
Han transcurrido 25 años y todavía sigue pendiente
que el Gobierno de España elabore una estimación de las exorbitantes cantidades
de que se beneficia la Ic y todas sus sociedades e instituciones, como
consecuencia de las exenciones y bonificaciones fiscales al amparo de los
Acuerdos con la Santa Sede de 1979. Y ello en sus tres niveles administrativos:
central, autonómico y local.
Conviene recordar que estas cuantiosas sumas se hurtan a
los Presupuestos de estas tres administraciones y, por tanto, no están
disponibles para financiar servicios de interés general, que beneficiarían a
tod@s l@s ciudadan@s, independientemente de sus creencias y convicciones. Todo
ello en beneficio de una creencia particular y de la Institución que dice
representar: la Iglesia católica.”
Desde su mismo título, el objetivo de la Memoria de 2011 queda
meridianamente claro: tan sólo se trata de justificar las actividades. Así
pues, no se encontrará en ella ninguna información que permita hacerse siquiera
una somera idea de los cuantiosos recursos económicos recibidos de (o eximidos
por) las distintas administraciones públicas. Y obviamente tampoco
encontraremos nada acerca del uso de estos recursos, que quedan atrapados en el
agujero negro de la más absoluta opacidad.
No obstante, los cuantiosos medios de que dispone la
jerarquía católica han permitido añadir dos novedades a la Memoria de 2011: por
un lado, la auditora PwC ha realizado un Informe
de aseguramiento razonable del ejercicio, que figura al principio, y por otro,
se ha incorporado a la Memoria alguna información del informe que en su momento
encargó la CEE a dicha empresa auditora,
a propósito de la Jornada Mundial de la Juventud de agosto de 2011.
Parece evidente, a cualquier observador desapasionado, la
necesidad que tiene la institución eclesial de dotar de credibilidad a las
cifras que aporta, toda vez que la información que realmente interesaría a l@s
ciudadan@s español@s no aparece por ningún lado, como antes he señalado.
No obstante conviene tener claro lo que no es el Informe de aseguramiento razonable: no significa que
se hayan auditado las cuentas de la Iglesia católica (Ic, en adelante) conforme
a la Ley de Auditoría de cuentas. Como es natural, la auditora no ha tenido a
la vista en ningún momento “las cuentas” de la Ic (que no existen). La compañía
auditora sólo ha trabajado con la información que la CEE ha tenido a bien poner a
su disposición. A partir de ahí a formulado preguntas, realizado algunas
reuniones, visitado algunas diócesis y parroquias y, finalmente, elaborado un
informe que, en ningún caso puede entenderse como una auditoría contable. Y
ello es así porque no existe nada parecido a una contabilidad integrada de la Corporación
católica, con su cuenta de resultados anual, su balance, su patrimonio, etc.
Así pues, deberemos seguir esperando transparencia en el
seno de esta gigantesca corporación: la conclusión del Informe de PwC no puede
afirmar más que los (pocos) datos que se han puesto a su disposición se han
preparado “de forma adecuada y fiable”.
Admito que a algunas personas (los seguidores de la
institución eclesial) estos datos les puedan parecer suficientes e incluso
excesivos. Por el contrario, para los
millones de contribuyentes (de creencias católicas o de cualesquiera otras
creencias, religiosas o no) que sufrimos los privilegios económicos de la Ic y
la consiguiente succión de recursos públicos de los presupuestos del Estado, la
mayor parte de los datos aportados en la Memoria de 2011 nos resultan
indiferentes (actividad litúrgica, pastoral…), pues sólo tienen significado en
la órbita específica de la actividad eclesial. Así pues, la mayoría de los
datos aportados no tienen ningún interés, más que para los convencidos y, por
otro lado, no se aportan los que de verdad nos interesarían a la mayoría de l@s
ciudadan@s. En definitiva, con las palabras que usaba yo en mi informe de la Memoria
de 2008, estas son las mismas cifras que,
año tras año, impiden ver el bosque de la financiación de la Ic en España.
1.- Ya desde
la primera hoja de la Memoria, en que se aportan dos gráficos, uno del importe
desviado a causa de las “X” en el IRPF (designado eufemísticamente “asignación
tributaria”), y otro de las “declaraciones a favor de la Ic”, la intención de manipular la
opinión pública queda al descubierto. La
cantidad asignada desde 2008 es descendente (desde 252 M€ a 247 M€), sin
embargo, para enmascararlo visualmente se utilizan anchos diagramas de barras
de una altura similar, para que pase desapercibido, aunque en texto anexo se
indica la circunstancia de la “ligera bajada”, es decir 5 M€ menos.
Por el contrario, en
2011 hay casi 100.000 declaraciones menos con las “X” a la Ic, y para enmascararlo
esta vez, se utiliza un gráfico lineal
cuya escala hace parecer enorme el ascenso de las declaraciones en los
años precedentes (2007 a 2010). De esta manera la bajada de 2011 queda
minimizada. En realidad, esta ridícula
presentación no puede ocultar que a pesar de todo su aparato propagandístico y
mediático, en torno al 66 % de l@s declarantes sigue sin poner la “X” en su
casilla, como viene siendo habitual en la última década.
2.- El
siguiente cuadro, llamado Reparto de Fondos, refiriéndose al Fondo Común
Interdiocesano (FCI, en adelante), en realidad no trata de ningún reparto de
fondos, sino de los recursos recibidos y que parecen haber constituido el FCI
2011 (253 M€). Parece que de esos recursos, la jerarquía católica detrae 9 M€,
para compensar el IVA que se ha visto obligada a pagar (¿hay pruebas
documentales? ¿De qué ejercicios se trata?), y 6 M€ (¡!) para hacer frente a
los gastos de sus campañas de propaganda. Así pues, llama la atención que una
firma del prestigio de PwC no ponga orden en tamaño galimatías conceptual,
puesto que no se refiere a ningún reparto de fondos, como el mismo cuadro
aclara en su interior, sino a recursos
recibidos y a recursos disponibles.
En este punto es pertinente comentar que si la Ic debía utilizar 38 M€ en 2008 para
compensar el gasto del IVA, en 2011 tan sólo debe emplear 9 M€ para ello, lo
que le permite disponer para otros gastos de casi 30 M€ más que en dicho año.
Estamos hablando de casi 5 mil millones de las antiguas pesetas. Éste es un
efecto directo del sistema de financiación pactado en 2006 con el gobierno del
PSOE.
Pero llama aún más la atención que la firma auditora
asigne al FCI 2011 una cantidad (253 M€) que no se corresponde con la cantidad
realmente devengada, debido a las “X” del IRPF de dicho ejercicio (247 M€).
Además, se añade la cantidad correspondiente a la regularización (liquidación) del
IRPF de 2009. En fin, ininteligible. En definitiva, de acuerdo al principio de
caja, dicho cuadro no es más que el dinero del que dispone la Ic en 2011 para
sus gastos. Vengan de donde vengan los recursos, sin tener en cuenta el período
devengado. Causa, cuanto menos, extrañeza desde una óptica profesional, la
forma de presentar la información en este cuadro.
3.- A
continuación, el siguiente cuadro, denominado Aplicación de la Asignación Tributaria
al Fondo Común, explica a
grandes rasgos, con qué recursos se forma el FCI y en qué los emplea, en
definitiva, cómo se van a aplicar esos 233 M€ que tuvieron a su disposición
para sus gastos en 2011.
Pues bien, este cuadro ha sufrido un
grave efecto prestidigitador, no señalado en el informe de PwC: a pesar de que
el Fondo se forma con lo aportado por la “Asignación Tributaria” de las “X”,
más lo aportado por las diócesis, en la Memoria de este año ha desaparecido cualquier
mención a la aportación de las diócesis. Precisamente este punto era el que
nos permitía esclarecer el grave déficit de éstas, pues en 2010 aportaron tan
sólo 13 M€, mientras que recibieron 195 M€. Esto significa que las diócesis no
cubren con sus aportaciones ni siquiera el 7 % de sus necesidades y, en
consecuencia, me permitía concluir: a) que las
diócesis aportan cada vez menos al Fondo Común Interdiocesano y, por tanto, dependen del Estado cada vez en mayor
medida, y b) que si no fuera por
la financiación a través del Presupuesto del Estado (de tod@s l@s ciudadan@s),
las diócesis católicas no podrían funcionar.
Así pues, el cuadro que se presenta
este año, permite deducir que se distribuyó a las diócesis en 2011, 197,7 M€,
(casi 33 mil millones de las antiguas pesetas) del Fondo Común Interdiocesano
para 2011, pero nada nos dice acerca de cuánto aportaron las diócesis a dicho
fondo.
En cualquier caso, lo que se pretende ocultar en la Memoria es que, en
estos tiempos en que la lucha contra el déficit público y el recorte del gasto
público se ha convertido en el objetivo principal de la política económica, el Estado sigue “alimentando”, año tras
año, a unas instituciones privadas (las diócesis), que gastan quince veces
más de lo que recaudan (datos 2010) y
que no realizan ningún servicio de interés general ni, por tanto, público.
Y ello, en un Estado que se define en su Constitución, como aconfesional.
4.- Desde que analicé
la Memoria de 2008 sabemos que el FCI se distribuye en “Aplicaciones Generales”
y “Envío a las Diócesis”. Las denominadas Aplicaciones Generales son
gestionadas directamente por la jerarquía episcopal, y absorbieron 33,3 M€ en
2011, lo que significó el 14,3 % del FCI para dicho ejercicio. Esta rúbrica
viene siendo razonablemente desglosada desde 2008, por lo que su aplicación es
bastante conocida: sabemos que el 57% de esa cantidad, 18,9 M€, se dedica a
pagar la seguridad social de sacerdotes y obispos, el 17 % (5,7 M€) se emplea
en sus centros de formación (facultades eclesiásticas, Pontificia de Comillas y
centros en Roma y Jerusalén), el 12,2 %,(4 M€), en actividades pastorales,
tanto en España como en el extranjero, el 8% (2,6 M€), se aplica a la Conferencia
Episcopal Española, 1 M€, el 3,2 %, a Conferencias de religiosos y el restante
1,4%, esto es 496.000 €, a instituciones de la Santa Sede (Óbolo de S.
Pedro y Tribunal de la Rota).
Con anterioridad a
2008 en esta información aparecía la mención directa a la “remuneración de los
Srs. Obispos”, referencia que ha desaparecido en la actualidad, bajo la rúbrica
más indirecta, institucional y opaca de “Conferencia Episcopal Española”.
Desconozco el interés que pueda tener ocultar sus emolumentos, toda vez que
permanentemente hacen gala de su frugalidad terrenal. Tal vez deseen mantener
oculto algo tan políticamente incorrecto como que tod@s l@s español@s, sean
cuales sean nuestras creencias y convicciones, estamos pagando el sueldo de los
jerarcas católicos, que no realizan ningún servicio de interés general ni, por
tanto, de carácter público, pero que no se cansan de entrometerse en (torpedear,
es más exacto) toda actividad política y legislativa que pretende reconocer o
ampliar derechos civiles a distintos colectivos ciudadanos.
En cualquier caso, casi el 67% de las Aplicaciones
Generales, 21,5 M€, (casi 3.600 millones de las antiguas pesetas), se emplean
en pagar la seguridad social de sacerdotes y obispos y en los emolumentos de
éstos últimos.
Teniendo en cuenta que las aplicaciones Generales
ascendieron en 2008 a 26 M€ y que tres años después, en 2011 representaron 33,4
M€, el incremento en dicha partida en estos tres años desde que comenzó esta
brutal crisis, ha sido del 28 %, lo que equivale a haberse incrementado 10 puntos porcentuales
cada año. No está nada mal para una
economía devastada por la crisis.
5.- Otro efecto
prestidigitador, derivado de la campaña de agitación y propaganda llevada a
cabo por la CEE, es la desaparición de
las escuetas rúbricas que explicaban las cantidades que se enviaban a las
diócesis. Hasta la Memoria de 2009 podíamos saber que la parte del FCI que
se enviaba a las diócesis se repartía entre unos gastos generales, la
sustentación del clero, las actividades pastorales y los seminarios (ver cuadro
en página siguiente). En 2008 se envió a las diócesis 140,5 M€, mientras que al
año siguiente el envío fue de 190,8 M€, es decir, ¡se incrementaron los fondos,
en sólo un año, cerca de un 36 %! No obstante lo más llamativo es que en 2009
se dedicó a sustentación del clero
28 M€ más que el año anterior, por lo que pasó
esta rúbrica de 108 M€ en 2008, a 136 M€
en 2009, lo que significa que se incrementó el gasto en salarios del clero
en un ¡26 %! en tan sólo un año. Esta información era demasiado elocuente y
ofrecía demasiada transparencia como para que se siguiera divulgando en años
posteriores.
Otro aspecto importante del desglose de las cantidades
que se enviaban a las diócesis era saber qué parte se dedicaba a actividades
pastorales. Dado que éstas deberían ser el fin primordial de la actividad
eclesial, podría suponerse que la jerarquía católica dedicaba a ello la mayor
parte de sus esfuerzos presupuestarios. La sorpresa es que en 2008 tan sólo se dedicaba a actividades pastorales el 11 % de todo
lo que se enviaba a las diócesis y en 2009 esta rúbrica supuso el 16 %, muy
lejos, en todo caso, del 71,5 % que se dedicó a sustentación del clero.
¿Cómo es posible que se dedicara tan exiguo porcentaje del total para una
actividad, la pastoral, que se supone que es la motivación principal de la Iglesia?
CANTIDADES
ENVIADAS A LAS DIÓCESIS PROVENIENTES DEL FCI (en
millones de euros)
|
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
Gastos Generales
|
14,4
|
20,7
|
SIN
INFORMACIÓN
|
Sustentación del clero
|
108,7
|
136,6
|
SIN
INFORMACIÓN
|
Actividades pastorales
|
15,4
|
31,0
|
SIN
INFORMACIÓN
|
Seminarios
|
1,9
|
2,5
|
SIN
INFORMACIÓN
|
TOTAL
|
140,5
|
190,8
|
195,5
|
197,7
|
Si como la propia Memoria declara, la actividad pastoral
“constituye la misión esencial de la iglesia”, pues consiste en “el acompañamiento
personal de los fieles, asesoramiento espiritual y colaboración en su período
de formación permanente”, así como que “se centra, de manera especial, en los
niños y jóvenes, en los matrimonios, en el catecumenado de adultos y en las
persona de mayor edad”, es difícil entender que se le dedique tan sólo el 16 %
del total que se envía a las diócesis, o el 13,8 % de todo el FCI en 2009,
(para 2011 es imposible calcularlo dado que no se ofrecen las cifras).
No se explica, desde la coherencia, el porqué de esta
opacidad y la razón por la que la propia Ic infravalora los recursos que dedica
a las actividades pastorales. Ya en el análisis que realicé para la Memoria de
2008 avancé una suposición: por más que haya muchos seglares y voluntarios
trabajando gratuitamente en estas actividades, es fácil comprender cuál es el
verdadero motivo que se esconde tras esta cicatería: la Ic no tiene casi 80.000 sacerdotes y religios@s en España para
realizar prioritariamente lo que tan pomposamente llama “actividad pastoral”;
en realidad, para la actividad pastoral que declara sobraría el 90 % de estos
efectivos.
Si el verdadero objetivo fueran las actividades
pastorales, éstas deberían absorber más del 50 % de los recursos de las
diócesis y el clero, sus funcionarios, no debería suponer más de un 30 % del
presupuesto total de las diócesis. ¿Entonces, cuál es el verdadero motivo para
mantener este “ejército” clerical, aparentemente ineficiente?
La respuesta sólo puede ser que el objetivo de la Ic es mantener una extensa y profunda red de
sacerdotes y religios@s, cuya estructura pueda garantizar la difusión de su particular moral e ideología y, en
definitiva, la presión y el control político y moral sobre el mayor número de ciudadan@s posible. Y
para ello debe influir desde sus púlpitos, desde sus universidades, desde sus
periódicos, desde sus emisoras de radio y televisión, con sus campañas de
agitación y propaganda. Sin olvidar su influencia “vicaria”, es decir, la que
no tiene origen en la actividad directa de los curas y religiosos, sino que se
produce a través de periodistas, intelectuales, creadores de opinión y
políticos afines, en todo tipo de medios públicos y privados.
Para ocultar esa información es por lo que ha
debido omitirse este desglose a partir de 2010, y por lo que en la Memoria de
2011 no se incluye ninguna cifra concreta, más allá de algunas explicaciones
puramente literarias. Y sobre esta flagrante omisión nada dice el informe de
PwC.
6.- A
continuación, en una solo página con apenas 6 cifras resume la Memoria la
actividad litúrgica en 2011, llamando la atención la cantidad de personas que asisten regularmente a misa:
más de 10 millones. Esta cifra, como los ojos del Guadiana, ha venido
apareciendo y desapareciendo de la web de la conferencia Episcopal en los
últimos años. Igualmente, en las memorias de 2008 y 2009 no se ofrecía ninguna
estimación de este evento, pero a partir de la Memoria de 2010 se incorpora
definitivamente. En todo caso, en vano buscarán en qué parámetros está basada
dicha estimación. No hay ninguna referencia,
y la ficha surge una vez más, por arte de magia. Se
ignora qué “procedimientos de comprobación y obtención de evidencias
suficientes soporta esta información” avalada por PwC, como todas las demás que
se ofrecen en esta Memoria. Simplemente es un dogma de fe que, a fuerza de
repetirlo, acaba siendo creído por todos los fieles.
Los 292.143 bautizos
declarados suponen, respecto a la Memoria de 2010, un descenso del 16,5 % en el número de niños bautizados. Y este es un
hecho que debemos celebrar todas las personas que defendemos la libertad de
conciencia.
¿Pueden imaginarse a un recién nacido al que sus padres,
por afinidad ideológica, afiliaran al PSOE, le hicieran el carné del PC, lo
apuntaran al PP o lo hicieran socio de una organización atea? Sin duda sería un
acto brutal, pero sobre todo, estúpido. Pues
estos actos son de la misma naturaleza (atentados a la libertad de
conciencia individual y por tanto, anticonstitucionales) que el “bautizo en la
fe católica”. Y esta situación se produce ante la aquiescencia de los tres
poderes básicos del Estado: el Parlamento, el Gobierno y la Judicatura.
El recién nacido, como todo menor de edad, es sujeto del
derecho humano de libertad de conciencia (libertad ideológica y de religión)
reconocido en el artículo 16 de la Constitución Española (CE, en adelante). Y
la titularidad plena de los derechos fundamentales del menor está reconocida,
desde 1996, por el artículo 3.1 de la Ley Orgánica de Protección Jurídica del
Menor. Pero es un sujeto particular, por cuanto no puede ejercer dicho derecho.
De ahí la necesidad de que se produzca una tutela por parte de los padres,
mientras ese proceso de formación de la conciencia tiene lugar y se va
construyendo su madurez física e intelectual.
Ahora bien, como señala el art. 39 de la CE, la finalidad
de la patria potestad es procurar el desarrollo de la personalidad del menor de
cara a favorecer su autonomía. De manera que si, como declara el propio
Tribunal Constitucional (en su Sentencia 141/2000), los poderes públicos, y
especialmente “los órganos judiciales”, deben velar porque el ejercicio de la
potestad de los padres se haga en interés del menor, y no al servicio de otros
intereses que, por muy lícitos y respetables que puedan ser, deben postergarse
ante el interés “superior del niño”, ¿dónde reside el interés del recién nacido
por formar parte de, o adscribirse a, una religión concreta?¿Cómo puede ser tan
brutalmente constreñida la personalidad de un recién nacido, marcándole de
manera indeleble, como reconoce, tan
cínicamente en ocasiones, la propia Iglesia católica? ¿A quién beneficia
esta práctica abusiva y ventajista y autoritaria, sino a la propia Ic, que
perpetúa su semillero de creyentes, atrapándolos mucho antes de que tengan uso
de razón y puedan elegir por sí mismos? ¿Cómo poner coto a esta práctica deleznable que vacía de
contenido el potencial ejercicio del derecho fundamental de libertad de
conciencia por su verdadero titular, el recién nacido? Todas estas preguntas
reclaman una respuesta urgente de los poderes públicos.
El capítulo de primeras
comuniones, 250.916 en 2011, se ha
reducido en un 11 % respecto a 2010. No hay mucho más que comentar salvo
que en un año no tan lejano como 1995 alcanzaban las 327.000. Así pues, en un
horizonte temporal amplio, el descenso parece notable.
Las 67.313 bodas
que se celebraron en 2011, suponen un
descenso del 10 % respecto al año anterior, y confirma su tendencia
notablemente descendiente (el 66 % de bodas católicas menos que en 2007). En
todo caso, para situar en su contexto la secularización de la sociedad española
actual, debemos aclarar que de acuerdo a las estadísticas del propio Instituto
Nacional de Estadística, en 2011 el 65 %
de las bodas celebradas fueron civiles y el 33 % religiosas.
Queda, por último comentar la cifra ofrecida para las exequias, que con 386.017 ofrece un incremento del 25 % respecto al año
anterior. Como en los casos anteriores, no se explicita cómo, ni de dónde,
se obtiene dicha cifra, así como tampoco se ofrece ninguna explicación de su
evolución.
En todo caso, y sin que se aporte ninguna referencia
estadística respecto al origen de estas cifras, podemos afirmar que se confirma
el permanente descenso de estas actividades confesionales en relación con las
estadísticas demográficas oficiales españolas: a) en 2011, los bautizos
católicos representan “sólo” el 62 % del total de nacimientos en España en
dicho año; en comparación con porcentajes entre el 70 % y el 80 % de hace una
década, el descenso es significativo; b)
aún más significativo es el retroceso en las bodas católicas, pues en dicho año, y con las propias cantidades
aportadas por la CEE, significaron el 41 % de todas las bodas celebradas en
España, con un retroceso de más de 20 puntos porcentuales en tan sólo una
década (ya hemos visto anteriormente que para el INE, las bodas religiosas
representaron sólo el 33 % del total); y c)
sin embargo, el número de exequias
que declara la Memoria (386.017) es sencillamente increíble, pues representa el
99,5 % de todas las defunciones que se produjeron en dicho año en nuestro país.
Dado que la fuente de estas cifras aportadas por la Memoria es la Oficina
Estadística de la CEE, cabe dudar de su fiabilidad, dada la disparidad con las
cifras oficiales.
7.- Como en
años anteriores, resulta curioso observar una paradoja: a pesar de que la Actividad Pastoral en las diócesis es
el concepto al que menos recursos económicos dedica la jerarquía católica,
ocupa nada menos que 7 páginas de la Memoria, más que cualquier otro concepto.
El marco general que debemos tener en cuenta es de casi
80 mil religios@s (entre sacerdotes y otr@s religios@s) distribuidos por toda
España. A esta cantidad debemos añadir más de 85 mil catequistas, cuyo método
de cálculo, o fuente, no se ofrece en la Memoria. Por último, el panorama se
completa con la existencia de 22.842 parroquias distribuidas por toda España
(ver cuadro a continuación):
|
2008
|
2011
|
Sacerdotes
|
20.390
|
19.621
|
Religios@s
|
56.618
|
59.882
|
Catequistas
|
Más
de 70.000
|
85.751
|
Parroquias
|
22.661
|
22.842
|
Como afirmaba en mi análisis de la Memoria de 2008, este
panorama configura un extenso entramado
reticular, a lo largo y ancho del país, con más de 79 mil personas realizando,
a tiempo completo, actividad pastoral y, en muchas ocasiones, política (por
supuesto, la política establecida por la Conferencia Episcopal), todo ello a
costa de los contribuyentes de todas las creencias y convicciones (ateos,
agnósticos, indiferentes o de otras religiones).
8.- Por
segundo año consecutivo se ofrecen cifras de la actividad católica en los
centros penitenciarios. Cabe comenzar advirtiendo que tod@s l@s reclus@s deben
tener derecho a la asistencia que, en
virtud de sus particulares creencias, estimen oportuna, siempre que la misma no
se realice con cargo al erario público. Cuestión diferente es que deban
establecerse políticas públicas en materia social, deportiva, de formación o
psicológica, cuya responsabilidad y financiación, por definición, debe recaer
en el Estado, toda vez que es éste el que les ha privado de libertad.
Sin embargo, merced
a los Acuerdos con la Santa Sede, la iglesia católica realiza actividades
religiosas en los centros penitenciarios, financiadas por el Estado, así como
todo tipo de actividades sociales de reinserción, deportivas, de formación y de
asesoría. Parece ser un ejemplo más (junto con la enseñanza y la sanidad, como
los más destacados) de dejación de responsabilidades públicas, y de
privatización de una asistencia, que sólo a los poderes públicos compete.
El efecto final, como siempre, es utilizar una necesidad básica de cuya
prestación no puedes escapar, (al igual que
en la enseñanza, o la sanidad) para imprimir el marchamo católico a los
“servicios” que presta. En mercadotecnia se
denomina “fidelizar” a los “clientes”, es decir, garantizar su fidelidad
futura. Si además, se pasa de tener 142 capellanes en 2010 a 184 en 2011, el
resultado está asegurado.
9.- En el
siguiente cuadro, en el que se exponen las Horas de Dedicación Pastoral por
Actividad, se omite como es habitual en la Memoria, cualquier referencia a la
fuente estadística o metodología del cálculo o de la estimación. En todo caso,
se mantiene que tres distintos tipos de “agentes”, sacerdotes diocesanos,
seglares y voluntarios, han dedicado 49,08 millones de horas (¿?) a dicha
actividad. Respecto a los dos últimos, nada hay que comentar, pues su trabajo
es voluntario y no remunerado, aunque realizan, a pesar de ello, el 30% de
todas las horas dedicadas a esta actividad. Conviene recordar que en 2008 ya
realizaban el 23 % de las horas totales.
No obstante, la Memoria afirma que los sacerdotes
diocesanos realizan 34,3 millones de horas de actividad pastoral,
fundamentalmente en “servicios sacramentales” y, en menor medida, en dedicación
a enfermos y catequesis. Esta aparente ingente actividad debe matizarse, pues
si la asociamos a los 19.621 sacerdotes existentes, y les atribuimos jornadas
diarias de 8 horas, supone tan sólo una dedicación de 9,9 meses de 22 días (con
dos días libres a la semana). De esta manera, en el supuesto, completamente inverosímil, de que trabajaran en
hipotéticas jornadas de 8 horas, durante 5 días a la semana, según los datos
ofrecidos por la CEE, los sacerdotes no trabajarían ni siquiera 10 meses al
año. ¿A qué dedican su tiempo el resto del año? En fin, el caso
es que 34,3 millones de horas dedicadas por 19.621 sacerdotes a la actividad
pastoral (que parece ser “su trabajo”) no son suficientes, siquiera, para
justificar un año de trabajo. Este asunto, ni siquiera ha merecido un
comentario en el Informe de Aseguramiento Razonable realizado por PwC. También
ignoramos qué procedimientos y obtención
de evidencias soporta la información presentada.
10.- Afortunadamente,
un aspecto que critiqué en la Memoria de 2008, que se ofrecieran ratios de “intensidad
pastoral” o de “pastoral recibida”, cuestión que rayaba en el absurdo, cuando
no en la irrisión, ha desaparecido de las Memorias desde 2010. A mi juicio, no era más que un burdo intento
de aportar un cierto “cientifismo” a su actividad, además de presentar la
actividad pastoral católica como un servicio público y, por tanto, de carácter
general. Y esa pretensión estaba completamente fuera de la realidad.
No obstante, se sigue ofreciendo la información de que
las actividades pastorales, sacramentales y de atención personal ofrecidas por
la Iglesia católica, “contratadas en el mercado supondrían un importe de 1.957
M€”, pero que gracias a su eficiencia sólo le cuesta a la Ic, 818 M€. No aclara
la Memoria cuál es el “mercado” de primeras comuniones, o el de bodas
religiosas, o el de bautizos o el de exequias religiosas o, tal vez el de
catequesis,… En todo caso, no cabe duda de que se trataría de un “mercado
monopolístico”, en el que no estaría incluido nadie que no fuera católico y
cuya única “oferta” de productos estaría proporcionada por un único
“empresario”, la Conferencia Episcopal. ¿A eso se refiere la Memoria cuando
habla de “mercado” de estas actividades?
En
vano encontrarán ninguna aclaración de qué actividades pastorales incluye, las
que se canalizan a través de las parroquias o las que figuran en las
“aplicaciones generales” o, tal vez se refiera a ambas. Tampoco encontrarán
datos sobre qué costes se computan (directos, indirectos, amortizaciones de
inmovilizado,…). Tampoco a qué parroquias o territorios son imputables. En fin,
ninguna información se ofrece en la Memoria y, por tanto, debemos “creernos”,
como un “dogma de fe” católico la cantidad que se ofrece en ella.
Pero algo no cuadra. Aunque la propia Memoria silencia
qué parte del FCI de lo que se envía a las diócesis se emplea en actividades
pastorales, sabemos por la información ofrecida en 2009 (último año que se
ofreció esta información) que representa en torno al 16 %. Esto significaría la
cantidad de 31 M€ en 2011, que sumados a los otros 4 M€ de las aplicaciones
generales, nos permitiría cuantificar, con sus propios datos, un gasto en 2011
de 35 M€ en las actividades pastorales. Insisto: con el propio criterio de la Memoria.
Hasta 818 M€ en que cuantifica la página 21 de la Memoria dichas actividades
existe una enorme diferencia.
Pero no seamos cicateros. Supongamos que todo el importe
que se envía a las diócesis se dedica a la actividad pastoral (aunque no se eso
lo que dice la Memoria). Supongamos que todos los gastos generales, el sustento
del clero y los Seminarios se aplican a dicha actividad. En 2011 se han enviado
197 M€ a las diócesis, procedente del FCI. Esta cantidad dista igualmente un
abismo de los 818 M€ en que la Memoria cuantifica lo que se gasta en este tipo de actividades. ¿Significa esto que
la jerarquía católica acumuló durante 2011 un déficit por la prestación de
estas actividades de 621 M€? No se aclara en la Memoria cómo se apaña la Conferencia
Episcopal para enjugar un déficit de esta magnitud, o parecida, año tras año.
En definitiva, la nula credibilidad de estas cifras, sin
ninguna base estadística ni documental, convierte la cantidad de supuesto
ahorro (¿ahorro para quién?) en una completa invención. Estos
números no significan nada, pero a la Ic le sirve para ofrecer una apariencia
de que “rinde cuentas”. En fin, resultaría cómico este
“montaje mediático” si no resultara tan patética la burda manipulación de una
memoria que pretende “justificar actividades” de una manera tan ramplona e
inverosímil. En fin, esta magnífica superchería se cierra con la antológica
frase de que cada euro que se “invierte” en la Iglesia (confundiendo gasto con
inversión), “rinde como más de dos veces
y media (2,73) en su servicio equivalente en el mercado” (sic). Causa perplejidad que esta Memoria 2011
haya merecido a PwC la conclusión de que “ha sido preparada de forma
adecuada y fiable, en todos sus aspectos
significativos”. Sin comentarios.
Como ya indicaba en mi análisis de la Memoria de 2008, la
evidencia permite afirmar que la CEE lanza datos y cifras de una forma que
provocaría la vergüenza de un estudiante de primer curso de Ciencias Económicas,
aunque este año ha sufrido un intento de maquillaje “profesional” que causa
sonrojo. Ciertamente, pero ello no
preocupa a sus Ilustrísimas, porque el
objeto de la Memoria no es ofrecer cifras económicas sobre su actividad con un
mínimo rigor. Su verdadero objetivo
es elaborar dos cifras (inventadas) y tres ideas básicas, y centrifugarlas a
través de sus potentes medios de (in)comunicación y (des)información,
periódicos, emisoras, televisiones, boletines y múltiples revistas, con la
inestimable colaboración amplificadora de la caverna mediática de ámbito
estatal y autonómica. Una vez “machacada” la opinión pública con dichos mensajes
durante 15 días, el objetivo está cumplido. ¿Quién se va a dar cuenta, o a
quién importa que tales “informaciones” estén basadas en invenciones o
supercherías?
11.- La
siguiente página 23, encuadrada en la actividad pastoral, siembra aún más
confusión. Sin aportar ninguna fuente documental, afirma que el FCI aporta el
25 % de la financiación de las diócesis, lo que permitiría cuantificar para
2011, como gasto global de éstas, en unos 791 M€. De entrada difiere de los 818
M€ ofrecidos en la página anterior en 27 M€, que no es pequeña cantidad (casi
4.500 millones de las antiguas pesetas).
Por otra parte, al estar encuadrada en la rúbrica
“Actividad Pastoral”, da la impresión de que esta ingente cantidad de dinero se
dedica íntegramente a dicha finalidad. Pero al exponer en qué se emplean estos
recursos, en esta página 23, se mencionan gastos de rehabilitación y en nuevos
templos por valor de 97,5 M€, que no
deberían incluirse en este apartado. Como no se aporta información adicional, resulta imposible conocer con una mínima
precisión de qué estamos hablando cuando se menciona la actividad pastoral o el
gasto de las diócesis.
Asimismo, en el apartado “Recursos” de esta misma página
se afirma que las aportaciones de los fieles son la principal fuente de
financiación de las diócesis, alcanzando más de un tercio de sus recursos
disponibles. Si sus recursos disponibles son 818 M€ (página 21 de la Memoria),
o 791 M€, (página 23 de la Memoria), las aportaciones de los fieles oscilarían
entre los 272 M€ y los 263 M€. Pero por lo que sabemos hasta la Memoria de
2010, porque para 2011 se ha omitido esta información, es que la aportación de
las diócesis al FCI estaba en torno a 13 M€, aportación que razonablemente
debería de proceder de los fieles. Una vez más, con la propia información de la
Memoria, las cifras no cuadran. Esta es toda la información sobre recursos y
empleos que ofrece la Memoria, procedente de los datos económicos diocesanos. Y
el Informe de PwC no contribuye a su aclaración.
12.- La
rúbrica encuadrada como “Actividad Educativa”
merece especial atención, dada la importancia que la jerarquía católica ha
atribuido siempre a conformar las mentes de las personas, a influir en la
formación de opinión y a participar en la formación de élites católicas en
todos los sectores importantes de la sociedad, con objeto de allegar a sus
intereses el mayor número de individuos (en la política, en la judicatura, en
la economía, en los medios de comunicación y en el deporte). Con el tiempo,
estas personas acabarán formando parte de los grupos de presión más determinantes, influyentes y poderosos de la sociedad.
Comienza este apartado afirmando que en 2011 existían
2.635 centros de enseñanza católicos (concertados o no). Y llama poderosamente
la atención que en tan sólo tres años (desde 2008) se hayan reducido éstos en
un ¡57 %!, pues en la Memoria de 2008 declaraban la existencia de 6.041 centros
católicos. Aunque esta drástica reducción pudiera sugerir algún brusco esfuerzo
“racionalizador” (al modo de lo sucedido con las sucursales bancarias), pues
l@s alumn@s encuadrados se han incrementado en un 4 % desde 2008, hasta
alcanzar 1.427.539 alumn@s en 2011, no
parece creíble tamaña disminución en un lapso de tiempo tan breve.
Otro aspecto que critiqué en mi análisis de la Memoria de
2008, referente a que se ofrecía la cifra global de personal, sin diferenciar
entre las personas dedicadas a actividades docentes y las de otro tipo, ha sido
corregido desde 2010, y para 2011 el cuadro básico de centros y personal ofrece
la siguiente situación:
|
2010
|
2011
|
Incremento
2011/2010
|
Centros católicos
|
---
|
2.635
|
|
- Centros
católicos concertados
|
2.445
|
2.465
|
0,8
%
|
Personal total
|
117.446
|
120.196
|
2,3
%
|
|
|
10.816
|
10.094
|
-
6,7 %
|
Personal docente
|
96.931
|
97.435
|
0,5
%
|
- Personal
religioso docente
|
7.039
|
6.485
|
-
8 %
|
Alumnos
|
1.423.445
|
1.427.539
|
0,1
%
|
Conviene realizar algunas observaciones en la
comparación entre ambos ejercicios: a) produce algún desconcierto que en
las Memorias de 2008 y 2009 se ofreciera el número de todos los centros católicos,
pero no de los concertados y en la de 2010 no se ofreciera la cantidad total de
centros católicos, pero sí la de concertados; en todo caso, por fin, para 2011
se han aportado ambos datos; b) de
acuerdo con la información de la Memoria, en 2011 había 20 colegios concertados
más que el año anterior, lo que supone un pequeño incremento del 0,8 %; c) mientras que el personal total se ha
incrementado en un 2,3 %, el personal docente apenas varía, pues se incrementa
en un 0,5 %; d) el personal religioso
total, en relación al personal total, sigue su senda descendente, pues pasa de
representar el 9,2 % en 2010 al 8,3 % en 2011, lo que significa un descenso de casi
un punto porcentual en un solo año; e) el personal religioso total ha
sufrido un fuerte descenso en un solo año, pues se ha reducido un 6,7 %, aunque
el personal religioso docente ha sufrido un descenso aún mayor, del 8 %; f) las cifras muestran un práctico
estancamiento de los alumnos en los colegios religiosos en dicho año, a tenor
del incremento del 0,1 % que ofrece la propia Memoria.
En todo caso, lo más notable de esta página 25, que
estamos comentando, es la “perla” que, como todos los años, nos regala la Memoria:
“los centros católicos concertados
suponen un ahorro al Estado de 4.091 millones de euros”. Antes de entrar en
el asunto de fondo conviene realizar alguna reflexión cuantitativa: en el año
2010, existiendo 2.445 colegios católicos concertados (porque no se ofreció el
número total de centros católicos), se afirma que se “ahorraba” al Estado 4.396
M€; sin embargo un año después, existiendo 20 centros concertados más (2.465,
exactamente), parecería lógico que se “ahorrara” al Estado una cantidad algo
mayor. Sin embargo se “ahorró” al Estado una cantidad bastante menor, esto es,
305 M€ menos. Esta paradoja sólo podría explicarse, según esta interpretación
del “ahorro” que hace el episcopado, porque los centros religiosos no
concertados, que en 2011, siempre según la Memoria, eran 170, hubieran
descendido drásticamente. Pero nada concluyente podemos decir, porque como ya
he señalado anteriormente, la Memoria de 2010 no ofrece el número total de
centros católicos.
13.- Pero el
asunto de fondo es la conceptualización que la jerarquía católica hace de este
supuesto “ahorro”.
Cualquier persona con una mínima competencia en el
lenguaje, y no necesariamente en el económico, entiende que se denomina ahorro
a la parte de los ingresos que no se gasta; sin embargo, la Ic no le ahorra al Estado ni un solo euro. Esta cantidad que la CEE
dice que le ahorra al Estado es, en realidad, los 4.091 M€ (680 mil millones
de las antiguas pesetas) que el Estado se gastó en subvencionar la enseñanza
concertada (mal denominada privada) que, en su mayor parte, se compone de
centros religiosos católicos. El hecho real, contrastable, es que el 16 % de todo el gasto público en
educación (no universitaria) se desvía para subsidiar la escuela concertada,
fundamentalmente católica y, por tanto, antepone idearios e intereses
confesionales, y por tanto particulares, a los intereses generales, a la
igualdad (de creencias, de género, de recursos, o de oportunidades) y a la
libertad de conciencia. Y este porcentaje era, en el ya lejano 1992, del 9 %.
Lo cierto es que este fortísimo incremento en la
financiación de centros privados con ideario católico, en su mayor parte, lo es
en detrimento de la escuela pública de calidad e igualitaria, y en la que rija
la libertad de conciencia para tod@s sus alumn@s.
Si a este gasto público le añadimos los más de 600 M€ que
salen de los Presupuestos del Estado para pagar a los catequistas de religión
en la escuela pública y concertada, obtenemos la única verdad: la enseñanza confesional católica nos
cuesta a todos los españoles la friolera de 5.000 M€, lo que significa una
cantidad (0,83 billones de pesetas) cercana al billón de las antiguas pesetas.
Esta es la realidad que oculta la propaganda episcopal:
España tiene la enseñanza privada más subvencionada por el Estado de toda la Unión
Europea y, por el contrario, el gasto público por alumno más bajo. Es un
problema de vasos comunicantes en un contexto, no ya de recursos limitados sino
decrecientes: los recursos económicos que se niegan a la enseñanza pública se
derivan a la privada, mayoritariamente. De
ahí que en la actualidad no tenga sentido, por más que lo silencien las
actuales reivindicaciones del sector educativo, luchar por la enseñanza pública
sin denunciar la enseñanza concertada, especialmente la católica.
Así pues, el hecho de que la jerarquía católica hable de
que “ahorra” recursos al Estado no es producto de desconocimiento o
ineptitud, sino una simple estrategia
publicitaria con que intoxica a través de todos los medios de difusión y
persuasión, con objeto de crear, y mantener, un estado de opinión favorable a
la enseñanza confesional y a la propia Iglesia católica. Asimismo, le sirve
para hacer más homogénea la opinión (argumentarios,
se denominan en el ámbito político), no sólo entre sus fieles más
incondicionales, sino entre la gran masa de personas que no va más allá de los
titulares de los periódicos, en papel o digitales, y de las emisoras (de radio
o televisión).
14.- En cuanto
a lo que la Memoria denomina Actividad
de Formación (estudios de nivel superior, tanto eclesiásticos como de
cualquier otro tipo), no es posible ningún tipo de comparación con años
anteriores, dado el galimatías conceptual con que se ofrece la información.
Parece fácil la tarea partiendo de la Memoria de 2008,
pues entre universidades y facultades
eclesiásticas había 14 centros con 4.088 alumnos; sin embargo, sólo un año
después la Memoria de 2009 consignaba una disminución a 11 centros y mayor
disminución aún de alumnos, hasta 1.741.
Asimismo, la Memoria de 2008 declaraba la existencia de
84 otros centros superiores de formación,
encuadrando a 15.722 alumnos; un año después, estas cifras se habían reducido a
73 centros (11 menos) y 11.925 alumnos (casi 3.800 alumnos menos).
No obstante, en la Memoria de 2010, desaparece cualquier
mención a las universidades, sin ninguna explicación y tan sólo se refiere la
existencia de 11 facultades eclesiásticas,
con 5.828 alumnos que, ya en 2011 se convierten en 19 centros con 6.184
alumnos. Obviamente, ya no es posible la comparación con los años anteriores,
dado este galimatías terminológico.
Igualmente, la Memoria de 2010 consignaba la existencia
de 78 institutos superiores, con
12.935 alumnos, mientras que para 2011 se reconoce la existencia de 72
institutos superiores, con 11970 alumnos.
Por el contrario, en la Memoria de 2011 aparece por
primera vez una página que declara la existencia de 14 universidades, sin posible comparación con años anteriores, con
78.471 alumnos, cantidades que aparecen subdivididas en universidades católicas, pontificias,
eclesiásticas o de inspiración católica.
Éstas últimas representan la parte más significativa, con 46.750 alumnos, y son
el verdadero mascarón de proa de la influencia de la jerarquía católica en los
distintos estamentos de la sociedad española: Universidad de Navarra, de
Deusto, Ramón Llull, Francisco de Vitoria, CEU San Pablo, Abat Oliba CEU, CEU Cardenal-Herrera
y San Jorge.
En
este punto es conveniente recordar que el Fondo Común Interdiocesano, es decir,
la jerarquía católica, dedicó 5,7 millones de euros en 2011(casi mil millones
de las antiguas pesetas) del bolsillo de tod@s l@s españoles a subvencionar los
centros superiores católicos (página 10 de la Memoria), lo que significa que toda la sociedad española (de convicciones
católicas, o de cualesquiera otras creencias religiosas o de cualquier otra
naturaleza) contribuye, lo quiera o no, a la formación de las élites católicas
que más adelante liderarán, entre otras instituciones, los medios de
(des)información e (in)comunicación afines, así como las instancias más altas
del poder político (judicatura, Parlamento, Gobierno,…).
Este
apoyo público a las universidades privadas contrasta con los hachazos
presupuestarios sufridos por las universidades públicas, superiores a 1.200 M€
desde 2010, con unas deudas a proveedores cercanas a los 1.100 M€ y cerca de
6.000 empleos perdidos durante 2012, de los cuales 4.321 eran docentes e
investigadores. Una Universidad pública que se ha intentado desprestigiar desde
algunas Administraciones y que apenas tiene para pagar la calefacción.
15.- En último lugar, la Memoria incluye un
apartado de Actividad cultural, cuyo
contenido no deja de ser curioso, tratándose de una entidad (la Ic) cuya
actividad persigue, supuesta y prioritariamente, “beneficios de orden
espiritual”. Ya se trate del Año Santo Compostelano o de la visita de un papa,
parece lógico que la Conferencia Episcopal debería ofrecer información acerca
de los objetivos pastorales o religiosos cubiertos tras dichos acontecimientos.
Lejos de ello, se percibe un constante empecinamiento por hablar de turismo,
así como de los supuestos beneficios económicos
y culturales generados por dichos eventos.
Tal estrategia de comunicación, puramente defensiva,
parece querer salir al paso de una realidad difícilmente manipulable: los
exorbitantes privilegios económicos de que goza la Iglesia, que succiona del
erario público más del 1% del PIB para sus actividades. El mensaje que
pretenden transmitirnos sería, “vale nos beneficiamos del dinero público pero,
a cambio, generamos muchos beneficios económicos a la sociedad”.
Pero no sólo es una estrategia de defensa episcopal, ya
que con frecuencia también las autoridades públicas, en connivencia con los
intereses clericales, justifican estos “espectáculos confesionales” en los
supuestos beneficios económicos que originan y en la publicidad que procura a
las correspondientes ciudades donde tienen lugar. En realidad, esta amalgama de
aspectos culturales, turísticos, mediáticos y económicos, en la que el
espectáculo y su difusión se convierten en lo prioritario, es lo que me ha
llevado a denominar estos actos de la Iglesia católica tan próximos al show bussiness como el Catolicircus.
Así pues, las dos siguientes páginas de la Memoria de
2011 no hacen más que transcribir literalmente parte del informe que PwC
realizó para el Arzobispado de Madrid, con fecha 30 de noviembre de 2011, cuyo
título es El Impacto (así, con
mayúscula) económico de la JMJ Madrid 2011.
Aún cuando el análisis de dicho informe no es objeto del
presente trabajo, conviene señalar que este “oficioso” estudio económico es el
único documento existente en relación con dicho evento. Llama la atención que, habiéndose utilizado no menos de 60 M€ de
recursos públicos correspondientes a los tres niveles de la Administración
(central, autonómica y municipal) en la financiación de la JMJ 2011, no se haya
realizado una auditoría oficial en la que se hubiera dado cuenta de la
utilización de este dinero público, en forma de un balance completo de los
recursos utilizados y la correspondiente aplicación de los mismos. A partir de
ahí podría haberse realizado un estudio de los costes y beneficios asociados a
dicha JMJ 2011. Nada de esto se ha realizado por la organización, ni se ha
exigido por los poderes públicos.
Por el contrario, el trabajo realizado por PwC no es más
que un cúmulo de estimaciones (sin cuestionar su bondad) realizadas a partir de
una encuesta y con las cifras facilitadas, como no, por el propio Arzobispado.
Sin la más mínima referencia a fuentes estadísticas oficiales, a pesar de que
en él se ofrecen cifras de inversión por sectores económicos, de producción, de
empleo, de gasto. En fin, un trabajo “de parte”, es decir, encargado por la
jerarquía católica, sin ningún soporte estadístico oficial y, por tanto, sin
apariencia de neutralidad. Es decir, un acto de fe.
Volviendo a la Memoria, las páginas dedicadas en ella a
la “Actividad cultural” comienzan señalando que llegaron a España en 2011 casi
57 millones de turistas, y define en lugar destacado a la Jornada Mundial de la
Juventud, celebrada en Madrid, como “uno de los principales motivos”. En
realidad la Memoria, basada en el estudio de PwC como he comentado
anteriormente, comete varios graves errores: 1) estima la afluencia de “peregrinos extranjeros” a Madrid (para
la Jornada de agosto, se entiende) en una cantidad idéntica al número de
turistas internacionales llegados a la capital en agosto, en torno a 550.000
turistas, lo cual convertiría a todos los turistas llegados durante ese mes en
“peregrinos”. Este grave absurdo es suficiente para invalidar todas las
estimaciones realizadas en dicho estudio; 2)
el turismo de negocios adquiere en la Comunidad de Madrid ( CM, en adelante) un
enorme peso respecto a las demás Comunidades Autónomas y estos turistas
realizan un mayor gasto diario que el efectuado por otros motivos; nada de esto
se menciona en el citado estudio; 3)
en ningún momento se alude en la Memoria a la (no) incidencia económica en el
gasto, la producción o el empleo de los privilegios de que disfrutaron los asistentes a la JMJ,
con cargo al erario público; por citar sólo dos ejemplos fácilmente recordados,
el abono especial para el transporte público con un descuento del 80% o el uso como
alojamiento de 700 colegios y otras infraestructuras públicas. Ello producía el
sinsentido de que mientras el presidente de la patronal madrileña afirmaba en
diciembre de 2011 que la JMJ había reportado 160 M€ a los sectores de comercio,
hoteles y transportes, estos sectores, al ser consultados, rebajaban la cifra
en casi un 70 %; 4) no todo el gasto
de los asistentes al evento tiene un impacto sobre las variables económicas de
nuestro país: el gasto de los asistentes de los distintos puntos de España
tiene efectos positivos en la CM, pero negativos en sus Comunidades de origen,
por lo que el impacto neto quedaría anulado. Tampoco se menciona este efecto en
el estudio.
En definitiva, no voy a negar que la afluencia a la JMJ
de Madrid de unos 150.000 turistas internacionales pudiera haber supuesto un
fuerte pero muy limitado y coyuntural
impacto en algunos subsectores (comida rápida, bebidas, alojamiento). Pero no
cabe ninguna duda de que, de acuerdo con
las estadísticas oficiales disponibles, dicho impacto no jugó ningún papel
relevante en la marcha de la economía de la Comunidad de Madrid y pasaron desapercibidas en el conjunto de la
actividad económica del ejercicio. Para respaldar mi afirmación ofreceré
algunos ejemplos:
Ø En
2011, el número de turistas extranjeros que llegaron a España se incrementó en
un 7,5 % respecto al año anterior; los que llegaron a Madrid disminuyeron en un
0,6 %.
Ø Las
tasa de crecimiento del gasto total provocada por el turismo internacional en
la CM fue inferior a la del total de España.
Ø El
paro registrado en agosto de 2011 en la
CM se incrementó el 1,07 % respecto al mes anterior.
Ø Los
afiliados a la Seguridad Social en el régimen general disminuyeron en agosto de
2011 un 1,1 % respecto al mes anterior y los correspondientes a los
trabajadores autónomos disminuyeron un 0,6 %.
Así pues, por concluir, la Conferencia Episcopal podrá seguir gastándose todos los millones de
euros que quiera, procedentes de fondos públicos (es decir, de tod@s l@s
ciudadan@s), en estudios económicos sin
ninguna verosimilitud estadística, pero no
existen datos oficiales que acrediten, más allá de una inapreciable y
coyuntural incidencia, los supuestos beneficios económicos de la JMJ 2011, ni
de ninguna otra actividad procedente del Catolicircus.
Lamentablemente hoy, como hace tres años, debo repetir
que alrededor de las (pocas) cifras que
ofrece la Conferencia Episcopal hay mucha mercadotecnia y propaganda y ninguna
transparencia. Lo que debe ofrecer la jerarquía católica es un balance
económico anual integrado del conjunto de sus actividades en España, que
ilumine en qué y cómo se gasta las cuantiosas sumas con que le subvenciona el
Estado y, por tanto tod@s l@s contribuyentes, en sus tres niveles, central,
autonómico y local. Y el Estado, en un ejercicio de responsabilidad debe exigir
ese balance anual integrado, en el que también se consignen las subvenciones
indirectas aportadas por el Estado en relación con las exenciones y
bonificaciones fiscales, al amparo de los Acuerdos con la Santa Sede
(realmente, un Concordato) de 1979.
Rivas Vaciamadrid, a 13 de agosto de
2013
M.
Enrique Ruiz del Rosal
Presidente
de la Asociación Laica de Rivas Vaciamadrid y miembro de la Junta Directiva de Europa
Laica
19:58 (hace 15 horas)
Un año el más el Ayuntamiento de Cáceres se dispone a entregar el bastón de mando a una imagen tallada en madera, y a recibirla institucionalmente con honores de estado, y un año más Cáceres Laica Extremadura quiere mostrar su rechazo y repulsa ante tamaño acontecimiento que perjudica gravemente la dignidad de la democracia y la convivencia entre culturas. Entendemos que esos fastos municipales, que identifican de manera inequívoca gobierno y fe católica, suponen una ofensa para la democracia, cuya verdadera esencia no consiste en el gobierno de la mayoría, si no en la posibilidad legal que tiene cada persona, viva y en uso de sus derechos civiles, a elegir a sus gobernantes y a ser elegido como tal, por lo que es una banalización, y menosprecio absoluto de la misma, el entregar el máximo símbolo de gobierno, como es el bastón de mando, a una imagen inanimada; por otro lado, es claramente un agravio comparativo para aquellos comunidades que practican otras culturas y religiones y que conviven e interaccionan actualmente en nuestra ciudad, ya que menoscaba la confianza que puedan tener en las instituciones, al sentirse discriminados a un plano inferior. Es por eso que reivindicamos que se acabe con esa práctica que no corresponde para nada a la vida y cultura que la sociedad reclama actualmente y que tratamos de construir, y todo ello sin perjuicio de que la fe católica celebre con júbilo y algarabía la llegada de su imagen, pero siempre desde la privacidad de su propio colectivo
